Condena en suspenso por abigeato en flagrancia en Monte Caseros
El Juez de Garantías sustituto, Alfredo Aguirre, impuso dos años de prisión en suspenso a los autores de un robo de ganado ocurrido en la zona rural. La rápida intervención policial permitió aprehender a los imputados en el momento del hecho.
En una audiencia celebrada el pasado 24 de septiembre, el Juez de Garantías sustituto, doctor Alfredo Aguirre, homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno y dictó sentencia en un caso de abigeato en flagrancia ocurrido a principios de mes en la zona rural de Monte Caseros.
El representante del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Monte Caseros, presentó el acuerdo firmado con los imputados, quienes fueron asistidos por su abogado defensor, el doctor José Luis Gelmi Berecochea. Los acusados enfrentaban cargos por el delito de abigeato.
Los hechos
El episodio tuvo lugar en la madrugada del 12 de septiembre de 2026 en el Establecimiento Rural 'El Lucero', ubicado en el Departamento de Monte Caseros. Según se informó, un vecino advirtió la presencia de dos personas en uno de los potreros y dio aviso inmediato a la Unidad Especial PRIAR de la ciudad.
La rápida respuesta de la autoridad policial permitió que los efectivos se presentaran en el lugar y aprehendieran a ambos imputados en el momento mismo de los hechos. Asimismo, se secuestraron diversos elementos vinculados al delito: cuchillos, chairas, tres pieles de animal ovino y restos de dos animales ovinos, todos en posesión de los detenidos.
De esta manera, se inició la causa bajo la dirección de la Unidad Fiscal de la jurisdicción, enmarcada en el procedimiento especial de flagrancia.
La resolución judicial
Durante la audiencia, el magistrado destacó el rápido accionar policial que permitió tanto la dilucidación del hecho durante su desarrollo como el hallazgo de los elementos probatorios. Tras cerciorarse de la libre voluntad de los imputados para firmar el acuerdo y de sus derechos, el doctor Aguirre impuso la pena de dos años de prisión en suspenso.
La decisión judicial se apartó de los tres años de prisión requeridos por las partes, en atención a la ausencia de antecedentes computables de los imputados, su situación social y las características de los hechos descriptos.
Asimismo, el magistrado impuso a los condenados el cumplimiento de reglas de conducta que incluyen la fijación de domicilio, la obligación de comunicar cualquier modificación del mismo y la presentación mensual ante la Oficina Judicial por el mismo término de la condena.
Los imputados, que se encontraban cumpliendo prisión preventiva, recuperaron su libertad tras el dictado de la condena en suspenso, quedando sometidos a las reglas impuestas por el juez.
